Grandi y Turk afirman que la legislación "sienta un preocupante precedente" y socava la cooperación internacional en materia de protección a los refugiados



Naciones Unidas ha alertado este martes del "impacto dañino" sobre los Derechos Humanos y la protección a los refugiados de la aprobación del Parlamento de Reino Unido al plan del Gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido a las autoridades británicas que "reconsideren" este plan y que adopten "medidas prácticas" para abordar los "flujos irregulares de refugiados y migrantes", a partir de "la cooperación internacional y el respeto al Derecho Internacional Humanitario".

"La nueva legislación supone un paso más en el distanciamiento de Reino Unido de su larga tradición de dar refugio a aquellos que lo necesitan, violando la Convención sobre los Refugiados", ha dicho Grandi, quien ha recalcado que "proteger a los refugiados requiere que todos los países, no sólo los vecinos en zonas de crisis, cumplan con sus obligaciones".

Así, ha afirmado que el plan británico "busca derivar la responsabilidad en la protección a los refugiados, socavando la cooperación internacional y sentando un preocupante precedente a nivel global".

"Reino Unido tiene una orgullosa historia sobre análisis judicial efectivo e independiente. Aún puede poner en marcha medidas para ayudar a hacer frente a los factores que llevan a la gente a abandonar sus hogares y compartir la responsabilidad sobre aquellos que necesitan protección junto a sus socios europeos e internacionales", ha argumentado.

En este sentido, Turk ha sostenido que "esta nueva legislación socava gravemente el Estado de Derecho en Reino Unido y sienta un peligroso precedente a nivel global" debido a que "deriva su responsabilidad ante los refugiados, reduce la capacidad de los tribunales británicos para analizar las decisiones de expulsión, limita el acceso a soluciones legales en Reino Unido y restringe el alcance de las protecciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para un grupo específico de personas".

"Es fundamental para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad de los refugiados y migrantes que buscan protección que todas las expulsiones desde Reino Unido se lleven a cabo después de evaluar sus circunstancias individuales específicas, en estricto cumplimiento de las leyes internacionales de Derechos Humanos y refugiados", ha recalcado Turk.

Tanto Grandi como Turk han reconocido los "desafíos" que suponen los movimientos irregulares de refugiados y migrantes, "a menudo en circunstancias peligrosas", pero han reiterado su "grave preocupación" por el hecho de que esta legislación facilite los traslados de estas personas a Ruanda con una "consideración limitada" a las circunstancias individuales y los riesgos de protección.

Por ello, han insistido en que, de ser aplicada, "allanaría el camino para que los solicitantes de asilo, incluidas familias con niños, sean enviadas de forma sumaria a Ruanda para presentar sus solicitudes de asilo, sin expectativa de retorno a Reino Unido", lo que limitaría además su capacidad para apelar su expulsión del país europeo.

El comunicado ha sido publicado apenas unas horas después de que el Parlamento británico aprobara dicho plan gubernamental tras meses de debates y críticas por parte de la oposición. Ahora, la legislación queda a la espera de su promulgación por parte del rey Carlos III, quien aún debe dar su consentimiento.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha afirmado después de la votación que "la aprobación de esta legislación histórica no es solo un paso adelante, sino un cambio fundamental en la ecuación global de la migración", antes de explotar que el proyecto de ley está encaminado a "disuadir a los migrantes vulnerables de hacer travesías peligrosas y romper el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan"

Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas tories para combatir el repunte migratorio y disuadir las llegadas a través del Canal de la Mancha.

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