El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos y una de las voces más importantes del partido, Mitch McConnell, se ha mostrado en contra de la posibilidad de que el candidato del partido a la Casa Blanca y expresidente del país, Donald Trump, pueda librarse del caso de manipulación electoral abierto en su contra apelando a su condición de mandatario, si bien ha puntualizado que respetará la decisión final que adopte, entre finales de junio o principios de julio, el Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

La más alta instancia judicial de Estados Unidos escuchó este pasado viernes durante tres horas los argumentos de los abogados de Trump sobre la posibilidad de declarar su inmunidad en el caso que acusa al magnate de intentar una maniobra ilegal para revocar los resultados de las elecciones de 2020 en las que acabó derrotado frente al actual mandatario, Joe Biden.

En comentarios a la cadena NBC, McConnell ha indicado que un presidente no debería estar por encima de la ley. "Me parece obvio, pero a mí no me corresponde tomar esa decisión", ha aseverado antes de llegar a decir que no ve con malos ojos "que un presidente disfrute de algún tipo de inmunidad, porque de lo contrario estaría todo el tiempo sentado delante de algún tribunal".

Trump fue imputado en agosto de 2023 por cuatro cargos, derivados de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, alegando que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020.

Trump pidió a la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan que desestimara los cargos en su contra, argumentando que no podía ser considerado penalmente responsable por sus actos oficiales incluso después de dejar el cargo.

Chutkan negó la solicitud de Trump y en febrero la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó ese fallo. Trump acudió al Supremo, que a finales de febrero acordó intervenir en esta cuestión.

Así las cosas, el juicio de Trump, que originalmente estaba programado para el 4 de marzo, ahora está en suspenso a la espera de la decisión del Supremo, donde existe una mayoría de jueces conservadores, que tiene hasta finales de junio o principios de julio para tomar una decisión sobre esta cuestión.

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