El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que registró Vox en el Congreso para dar deducciones fiscales a las empresas que contraten mujeres embarazadas y progenitores de familias numerosas, pues la medida supondría un coste de 178 millones de euros que alterarían las partidas presupuestarias.

Fue el pasado 29 de febrero cuando la formación de Santiago Abascal presentó en el Congreso una propuesta para reformar el Impuesto de Sociedades, con el fin de introducir deducciones fiscales de entre 9.000 y 12.000 euros al año para la contratación de mujeres embarazadas y de padres y madres de familia numerosa o con hijos con discapacidad.

Y ahora el Ejecutivo, que constitucionalmente tiene capacidad de veto en iniciativas legislativas que alteran los Presupuestos, ya sea por merma de ingresos o por incremento del gasto público, ha bloqueado su tramitación parlamentaria impidiendo que llegue siquiera a debatirse en la Cámara Baja.

En su escrito, recogido por Europa Press, el Gobierno de PSOE y Sumar alega que aprobar las deducciones que propone Vox "representarían un coste estimado de 178 millones de euros". "Se considera que la aprobación de la proposición de ley es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado una disminución de ingresos presupuestarios", apostilla el Ejecutivo.

EL GOBIERNO DICE QUE YA HAY INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Pero además de la cuestión presupuestaria, el Gobierno asegura en su explicación del veto que el Impuesto de Sociedades "ya cuenta con incentivos para promover la contratación empresarial".

En concreto, apuntan al artículo 38, donde se regula una deducción de 9.000 euros anuales en el impuesto por la contratación de personas con discapacidad de entre el 33% y el 65%. A partir de ese porcentaje, la deducción asciende hasta 12.000 euros. Asimismo, el Ejecutivo recuerda que también hay deducciones por contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social empresarial.

Y VOX DENUNCIA EL VETO

Vox ha denunciado el veto a una medida que, dicen, supondría "numerosas ventajas" tanto para el empleo como para la sociedad en su conjunto. "El Gobierno ha decidido hacer nuevamente un uso arbitrario de su potestad de veto", dice la formación, que critica la justificación presupuestaria al entender que la recaudación tributaria en la actualidad está en niveles récord.

"La afirmación se realiza en un momento en el que España ha obtenido una recaudación récord de impuestos nunca antes vista en la historia del país", argumenta Vox, que recuerda que el Ejecutivo también vetó hasta en dos ocasiones su propuesta de ley de ELA alegando motivos económicos.

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