Fecha: 30/04/2024 - Hora: 05:00:02 ||| Sección: Internacional
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará este martes y miércoles las primeras audiencias sobre el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, la capital de Ecuador, para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción y que había recibido asilo político en el edificio diplomático.
Durante la primera audiencia, México presentará sus argumentos respecto a las violaciones del Derecho Internacional cometidas durante el asalto al edificio, como es el del principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
En la segunda audiencia, Ecuador responderá a las acusaciones presentadas por la delegación mexicana, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores de México en un comunicado.
Además, la cartera ministerial ha hecho referencia a la demanda interpuesta por Ecuador este lunes contra México en la CIJ por otorgar asilo político a Glas, indicando que ha sido presentado "casi un mes después de la violenta irrupción en la Embajada de México" en Quito.
"Los señalamientos eran previsibles y serán respondidos en el momento procesal oportuno", ha aseverado México, que ha reafirmado su compromiso con "el derecho y la justicia" internacionales a través de los mecanismos ya existentes, y ha pedido a la comunidad internacional reforzarlos.
El pasado 5 de abril, la Policía de Ecuador ingresó en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente Glas desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político al que fuera número dos del presidente Rafael Correa.
Tan solo unos días después, el 11 de abril, las autoridades mexicanas presentaron una denuncia contra el Gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por "la flagrante violación a la inviolabilidad de la Embajada, contra la integridad física y moral de los diplomáticos".
Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.
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