Un grupo de expertas de la ONU han denunciado que, desde diciembre, las autoridades de Venezuela siguen un "patrón" de arrestos prolongados y en régimen de incomunicación que equivale a "desapariciones forzosas", lo que pone en tela de juicio el respeto de libertades y derechos básicos con vistas a la celebración en julio de elecciones presidenciales.

Las principales víctimas serían simpatizantes de la oposición y militares. "Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente", han advertido las integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en un comunicado.

En este sentido, han señalado que ocultar el paradero de una persona detenida la deja "fuera de la protección de la ley" y, por tanto, ha reclamado "información precisa" sobre cualquier persona privada de libertad, toda vez que "el delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples Derechos Humanos" y deja a la víctima vulnerable frente a abusos como la tortura.

Además, según las expertas, "también se violan los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida", ya que al rechazo "sistemático" de información se suma el riesgo de sufrir "represalias".

El grupo ha apelado directamente a la responsabilidad del Estado, en quien recae "la obligación de buscar y desvelar la verdad sobre las personas desaparecidas", y ha advertido de que la impunidad puede mermar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho y perpetuar "un clima de miedo e inseguridad". Por este motivo, se han ofrecido directamente a cooperar con el Gobierno de Nicolás Maduro.

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