Fecha: 01/05/2024 - Hora: 19:00:05 ||| Sección: Internacional
El Parlamento de Georgia ha aprobado en segunda lectura la polémica ley de agentes extranjeros mientras miles de personas se manifiestan en las calles de la capital, Tiflis, después de que la pasada noche las fuerzas de seguridad detuvieran a numerosos manifestantes por vandalismo y desobediencia a la autoridad.
En concreto, 83 diputados han votado a favor --del gobernante Sueño Georgiano y su socio, Poder para el Pueblo--, mientras que 23 han votado en contra y 55 se han abstenido. La medida ya fue aprobada en primera lectura el pasado 17 de abril con los mismos votos, según ha recogido la agencia de noticias Interpress News.
El Ministerio del Interior de Georgia ha indicado en un comunicado que en el marco de las protestas previstas para esta tarde "se colocarán cordones policiales en las entradas y salidas del edificio del Parlamento". Asimismo, ha hecho un llamamiento a los manifestantes a "no realizar acciones ilegales".
Poco antes, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, ha subrayado en una rueda de prensa que si no se rompe "el círculo de polarización y radicalismo" será difícil para el país convertirse en miembro de la Unión Europea.
"Este proyecto de ley hará una contribución importante al fortalecimiento de la soberanía estatal y, además, hará una contribución importante para prevenir el tipo de acciones violentas de la minoría política que vimos ayer", ha sentenciado.
El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha calificado de "inaceptable" este mismo miércoles el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes, recordando a Georgia que "es un país candidato a la UE", por lo que sus autoridades deben "garantizar el derecho de reunión pacífica".
Los manifestantes protestan contra una ley impulsada por el partido gobernante que obligará a registrarse como "agentes de influencia extranjera" a todas aquellas organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación desde el exterior.
Para la oposición, el proyecto replica en Georgia un sistema que ya se utiliza en Rusia y que se ha convertido en herramienta de represión contra la disidencia, si bien el Gobierno justifica que se trata de una mera cuestión de transparencia, sin trasfondo político alguno.
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