El PP vetará la amnistía y la devolverá al Congreso para ser aprobada definitivamente por el Gobierno y sus socios



La tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado entra ya en su recta final después de casi dos meses y dará este lunes su penúltimo paso con la reunión de la ponencia. A partir de ahí, la mayoría del PP decidirá si se veta para devolverla al Congreso en el Pleno del miércoles 8 de mayo o lo deja para la sesión del 14 de mayo, después de las elecciones catalanas del 12 de mayo.

En cualquier caso, la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado aprobará el veto --enmienda a la totalidad-- a esta Ley de Amnistía, por lo que tendrá que volver al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios levanten este veto y se apruebe definitivamente por las Cortes generales.

La proposición de ley de amnistía, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Senado el pasado 15 de marzo con el trámite de urgencia tras ser aprobada por el Congreso.

Sin embargo, la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP dio potestad a la Mesa de la Cámara Alta para eliminar la vía de urgencia de esta norma, de modo que la amnistía ha pasado por el Senado como un texto ordinario.

FECHA LÍMITE PARA TRAMITARLA: EL 16 DE MAYO

De esta manera, el plazo máximo de tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado es de dos meses, como cualquier norma ordinaria, por lo que la Cámara Alta dispone hasta el 16 de mayo para votar esta norma en el Pleno.

En este contexto, el PP ha convocado un Pleno para el martes 14 de mayo --que no estaba previsto inicialmente en el calendario de sesiones-- para dejar la puerta abierta a votar ese día la Ley de Amnistía, justo después de las elecciones catalanas el 12 de mayo.

Eso sí, fuentes populares explican que la ponencia para elaborar el informe de la amnistía --el penúltimo paso-- se reunirá este lunes 6 de mayo, y a partir de ahí el debate y la votación de la proposición de ley se podría producir en el Pleno del 8 de mayo el del día 14, que ha sido habilitado expresamente por si se diera el caso.

EL PASO DE LA AMNISTÍA POR EL SENADO

Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría popular , ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.

Los primeros en emitir su informe fueron los letrados del Senado, que concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como "reforma encubierta de la Constitución".

Eso sí, el PP también solicitó un informe para ver las consecuencias de no tramitar esta ley en el Senado, como insistía Vox, aunque los letrados de la Cámara sostienen que se tenía que tramitar, aunque abrían la puerta a un conflicto de competencias con el Congreso.

CHOQUE CON EL CONGRESO

En este contexto, el Senado aprobó este choque institucional inédito con el Congreso impulsado por el PP en el que se solicitaba formalmente que la Cámara presidida por la socialista Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una reforma encubierta de la Constitución.

Este choque institucional fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió al Senado que no iba a retirar la proposición de ley de amnistía. De esta manera, el PP tiene ahora la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque todo parece indicar que acudirá a este órgano cuando la ley de amnistía se apruebe definitivamente.

DESDE LA COMISIÓN DE VENECIA HASTA PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no ve conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueves quienes ordenan las medidas que beneficarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso.

Eso sí, en su informe, el organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Asimismo, el Senado encargó a la Comisión General de las Comunidades Autónomas un informe sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía, que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.

En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.

El Senado creó una comisión ad hoc para tramitar esta ley de amnistía y por ella han desfilado entre el 16 y el 30 de mayo diferentes expertos jurídicos propuestos por los grupos para opinar sobre la proposición de ley.

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