La ONG Human Rights Watch (HRW) ha asegurado que el proyecto de ley de agentes extranjeros de Georgia, que obliga a determinadas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación a registrarse como organismos al servicio de intereses extranjeros, pretende "sofocar las voces críticas" en el país, y que ya ha provocado que miles de personas salgan a protestas contra la misma.

"Los parlamentarios georgianos y los funcionarios del Gobierno defienden formalmente el proyecto de ley como una medida de transparencia, pero no ocultan su propósito. Al tachar a los grupos y medios de comunicación independientes de servir a intereses extranjeros, pretenden marginar y sofocar las voces críticas del país, fundamentales para cualquier democracia que funcione", ha declarado el director para Europa y Asia Central de HRW, Hugh Williamson.

Asimismo, ha recalcado que "los promotores del proyecto" han dicho públicamente que pretenden usar la ley contra grupos y medios que "critiquen al Gobierno, defiendan los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, o realicen otras actividades que molesten a las autoridades".

Es por ello por lo que ha pedido al Parlamento rechazar el proyecto, que está siendo debatido desde mediados de abril y cuya votación final se llevará a cabo la semana del 13 de mayo, y que exige que las ONG y los medios de comunicación que estén financiadas en un 20 por ciento o más por parte de otros países se registren en el Ministerio de Justicia como "organizaciones al servicio de los intereses de una potencia extranjera".

Williamson ha expresado que, de aprobarse, se impondrán requisitos adicionales, inspecciones e incluso multas de hasta 9.300 dólares estadounidenses (unos 8.700 euros) por infringir la legislación.

"El proyecto de ley sobre la influencia extranjera pisotea los derechos fundamentales y las autoridades georgianas deben abandonarlo", ha declarado.

Tras ello, ha recordado que la ley del país ya exige a estas organizaciones que registren las subvenciones que reciben, así como la presentación de informes financieros mensuales, y que se trata de datos públicos sobre los que "que cualquiera puede solicitar una copia".

Además, Williamson ha mostrado su preocupación por los informes sobre el "uso injustificado de la violencia" de la Policía para dispersar las manifestaciones contra este proyecto de ley.

"(Las autoridades) también deben investigar con prontitud y eficacia las denuncias de violencia policial y salvaguardar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión", ha añadido.

En ese sentido, ha mencionado el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y gas pimienta para dispersar a manifestantes "en su mayoría no violentos".

Para la oposición, el proyecto replica en Georgia un sistema que ya se utiliza en Rusia y que se ha convertido en herramienta de represión contra la disidencia, si bien el Gobierno justifica que se trata de una mera cuestión de transparencia, sin trasfondo político alguno.

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