Gamarra le recrimina que no quiera hacerlo antes de las europeas cuando hay "inquietud" por la amnistía o "problemas" de financiación



Todos los gobiernos de comunidades y ciudades autónomas del Partido Popular, 14 ejecutivos en total, han firmado una carta dirigida al presidente del Gobierno exigiendo la convocatoria "inmediata y urgente" de la Conferencia de Presidentes. Según el PP, han pasado cuatro meses y medio desde que Pedro Sánchez se comprometió a convocar este órgano, que lleva dos años sin reunirse.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que el presidente del Gobierno tiene "obligación legal" de convocar la Conferencia de Presidentes y "debe escuchar" a los presidentes. "La defensa de la igualdad y del interés general no puede esperar", ha declarado.

Es más, Gamarra ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no quiera celebrar una reunión de la Conferencia de Presidentes antes de las elecciones europeas del 9 de junio cuando "la defensa de la igualdad no puede esperar" ante la "inquietud" creada por la amnistía o los "problemas de financiación de los servicios públicos".

AVISAN QUE SI NO LO HACE, TENDRÁN QUE RECURRIR A OTRAS INSTANCIAS

En su carta, los dirigentes territoriales del PP recuerdan la obligatoriedad de convocar la Conferencia en caso de que la soliciten diez presidentes autonómicos o más, según el artículo 4 de su Reglamento, y acusan a Pedro Sánchez de "bloqueo" por no convocarla en tiempo y forma.

Por todo ello, los gobiernos del PP lamentan dicha actitud del presidente del Gobierno y advierten de que, de no convocarse de forma inmediata y urgente esta Conferencia de Presidentes, se les les estaría "empujando a tener que recurrir a otras instancias para que se cumpla la legislación vigente".

Esta carta está firmada por los presidentes de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla y se pide la reunión de un órgano cuya finalidad es la coordinación autonómica y el diálogo entre territorios para abordar asuntos de interés prioritario para la ciudadanía

En este sentido, los dirigentes territoriales del PP lamentan que el Gobierno central se esté resistiendo a tratar temas de capital importancia como son "el fortalecimiento del Estado de derecho, la igualdad entre los ciudadanos, la separación de poderes o la seguridad jurídica, todo ello comprometido como consecuencia de una Ley de Amnistía promovida por el PSOE para poder mantener a Pedro Sánchez al frente de La Moncloa", según ha informado el PP en un comunicado.

Además, desde los gobiernos del PP alertan de que la falta de Presupuestos Generales del Estado y otras decisiones tomadas de forma "unilateral" por el Gobierno, como la no actualización del sistema de financiación autonómica, pueden tener efectos en las comunidades autónomas e incidir en los ingresos y gastos de las mismas.

"Unas comunidades autónomas que sustentan mayoritariamente el estado del bienestar, garantizando servicios esenciales como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, sin que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté incorporando una financiación adecuada y suficiente", ha señalado el PP en el mismo comunicado.

GAMARRA DICE QUE INCLUSO EL SOCIALISTA PAGE PIDE UNA REUNIÓN

La secretaria general del PP ha exigido al Ejecutivo escuchar a los gobiernos del Partido Popular, que son 14 de los 19 ejecutivos autonómicos y representan al 70% de la población. Además, ha señalado que esta misiva no es una cuestión partidista, puesto que incluso un presidente socialista, como es el caso de Emiliano García-Page, ha hecho pública su predisposición a solicitar la convocatoria de este órgano. "Ya no es una solicitud, es un clamor", ha asegurado.

La número dos del PP ha reprochado a Sánchez que no quiera convocar la Conferencia de Presidentes hasta que pasen las elecciones europeas -tal y como deslizó públicamente el ministro de Política Territorial-, puesto que "los problemas de financiación de servicios públicos" y la "enorme inquietud" que está provocando la Ley de Amnistía entre la población española son problemas que "no se pueden postergar: la defensa de la igualdad no puede esperar".

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