Fecha: 03/05/2024 - Hora: 16:00:06 ||| Sección: Política
Lamenta el "espíritu de victoria que parece que quiere mantener el PP" donde gobierna con Vox
BARCELONA, 3
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que "el PP tiene que comprender que la concordia y la victoria son dos cosas distintas" y que la concordia implica reconocer a las víctimas de la dictadura, reparación y respetar los derechos humanos, tras el informe de la ONU que pide a España preservar la memoria histórica ante las leyes de concordia de PP y Vox.
En declaraciones en Barcelona este viernes antes de reunirse con embajadores de países asiáticos acreditados en España, ha advertido de que, según la ONU, las leyes de concordia tramitadas en algunas comunidades violan importantes convenios internacionales suscritos por España.
Albares ha remarcado que tras la Guerra Civil, a diferencia de en Europa, no llegó la paz sino 40 años de dictadura.
Durante esos años, ha dicho, generaciones de españoles fueron educados "bajo ese espíritu de victoria que parece que quiere mantener el PP allí donde gobierna con la ultraderecha".
"España no puede seguir siendo uno de los países del mundo con mayor número de desaparecidos forzosos, con mayor número de fosas comunes que siguen sin abrirse", ha defendido.
CUMPLIR LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
Albares ha afirmado que, ante las peticiones de Naciones Unidas, el Gobierno y su ministerio usarán todos los instrumentos a su alcance para que las leyes de PP y Vox "no cercenen la Ley de Memoria Democrática" del Gobierno, que, dice, busca cumplir con los derechos humanos y ofrecer verdad, justicia y reparación.
El informe de la ONU, emitido este viernes, responde a una denuncia del Gobierno advirtiendo del peligro de que las leyes alternativas promovidas en diversas comunidades invisibilizan las violaciones cometidas durante el régimen franquista.
Naciones Unidas ha señalado las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León incumplen la obligación del Estado, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de derechos humanos y, en concreto, en memoria histórica.
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