La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha presentado este martes el estudio titulado Reducción de daños en el siglo XXI. Fase II Diagnóstico que plasma nuevas estrategias para implementar la reducción de daños asociados al uso y consumo de sustancias en España.

El objetivo de este trabajo es revisar el modelo de Reducción de Daños (RDD) en España para identificar nuevas estrategias implementadas con éxito y abordar los desafíos actuales relacionados con el uso de sustancias y sus impactos en la sociedad aportando propuestas de adaptación y mejora al contexto actual.

El fin es poder adaptar las estrategias y hacerlas extensivas a los servicios y programas de reducción de daños de las diferentes comunidades autónomas, incorporando la perspectiva de género y un enfoque de derechos y justicia social que permita reducir el estigma de las personas que consumen en esta situación y lograr una eficacia a largo plazo. Asimismo, se evidencia la necesidad de invertir en ellos para paliar los efectos negativos sobre la salud pública.

Durante el acto de presentación del estudio, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, ha explicado que la reducción de daños se basa en la restauración de derechos de las personas que utilizan sustancias para evitar muertes tempranas y mejorar sus condiciones sociales y de salud. "El objetivo aquí no es otro que minimizar los daños asociados al consumo para aquellas personas que no desean, que no pueden dejar de hacerlo o que aún no se encuentran preparadas para ello", ha puntualizado.

Por su parte, la secretaria de UNAD, Encarnación Pámpanas, ha insistido en la idea de que "las adicciones no ocurren en un vacío" sino que "el consumo está entrelazado con una variedad de factores de vulnerabilidad y exclusión". De esta manera, el enfoque de reducción de daños es el que ofrece "apoyo y recursos prácticos" sean cuales sean las circunstancias de la persona consumidora de sustancias, según ha defendido Pámpanas, quien ha concluido que la reducción de daños "tiene que ver con el compromiso con la salud pública, la justicia social y la defensa de los derechos".

Entre las principales conclusiones del estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destaca el impacto histórico del modelo punitivo el cual ha contribuido a la construcción del imaginario social de la persona usuaria como delincuente, enferma y responsable de su propia situación.

Además, la investigación alienta a la incorporación del modelo de justicia social con especial énfasis en el enfoque de interseccionalidad y señala como esencial tener en cuenta las opresiones y vulnerabilidades relacionadas con los diferentes ejes de desigualdad (sexo-género, edad, raza, país de origen).

El documento también señala que la reducción de daños requiere reforzar la incorporación de las familias de las personas que usan drogas de cara a la efectividad de las estrategias y acciones ante los consumos. En esta línea, el estudio apunta igualmente la necesidad de trabajar junto a los medios de comunicación para dar a conocer los efectos y resultados que justifican la aplicación de la reducción de daños.

En base a los resultados obtenidos, la investigación plantea una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la integración de servicios de reducción de daños en todo el territorio nacional y la correspondiente creación de una red de recursos, el aprovechamiento de las experiencias ya realizadas como evidencias de éxito y la descentralización de los discursos sobre el consumo para reducir los estigmas sobre las personas que usan drogas.

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