Las autoridades de Reino Unido han comenzado a detener a los solicitantes de asilo que serán deportados a Ruanda en virtud de la nueva ley migratoria aprobada en abril por el Parlamento británico, según el Ministerio del Interior, que espera que los primeros vuelos despeguen en un plazo de "entre nueve y once semanas".

El ministro James Cleverly ha enmarcado estos esfuerzos dentro de una "respuesta pionera" por parte de Londres en el "reto global de la migración ilegal". "Hemos trabajado incansablemente para aprobar una nueva y contundente ley para llevarla a cabo", ha señalado.

Esta nueva política gira en torno a un tratado suscrito con Ruanda, catalogado como un país seguro. El Tribunal Supremo británico tumbó en 2023 el proyecto previo de deportaciones y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, incluida la ONU, han cuestionado este segundo intento por considerar que no garantiza los derechos y libertades básicos de los solicitantes de asilo.

Sin embargo, las autoridades británicas defienden tanto la legalidad como la conveniencia de este nuevo programa, con el objetivo declarado de reducir la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha. "Frenar los barcos y romper el modelo de negocio de las bandas que trafican con personas", como ha insistido este miércoles Cleverly en el comunicado de su departamento.

Las autoridades británicas presumen de haber reducido en un tercio las llegadas de migrantes en 2023, pero la tendencia se ha revertido con el cambio de año. En los primeros cuatro meses de 2024, se han registrado más de 7.500 llegadas, un 27 por ciento más que en el mismo periodo de 2023, según datos provisionales del Ministerio del Interior.

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