La formación reclama al Ministerio de Vivienda un informe anual de permisos y licencias de construcción por autonomías y municipios



El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que exige al Gobierno impulsar un plan para la digitalización y simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con la construcción de vivienda, dada la "escasez de oferta" tanto en alquiler como en compra.

Según datos del Gobierno, el parque de viviendas en España es de 26,8 millones, pero, según información de expertos en el sector, faltan más de 100.000 viviendas nuevas al año para poder cubrir las necesidades de demanda.

"Promotores y constructores encuentran enormes trabas burocráticas a la hora de solicitar los permisos y licencias necesarias para iniciar y ejecutar las obras, suponiendo un aumento de los costes, demora de los plazos y pérdida de competitividad en el sector", denuncia el Grupo Popular en su propuesta, recogida por Europa Press.

SON PLAZOS MUY DILATADOS

Además, dice el PP, los trámites administrativos requeridos para convertir suelo urbanizable en finalista "son muy dilatados", sufriendo una demora de siete a diez años para los promotores y de los propietarios entre 10 y 12 años.

Es por estos motivos por los que el PP insta al Gobierno a elaborar ese plan de digitalización en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, de forma que se permita la reducción del tiempo, de los costes y la carga burocrática, así como mejorar la transparencia y la eficiencia de la gestión pública.

Y TAMBIÉN PIDEN FOMENTAR LA COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

A esta petición se suma otra para fomentar la cooperación entre las distintas administraciones implicadas en la tramitación de los permisos y licencias de construcción, para así evitar duplicidades y contradicciones entre los diferentes informes, autorizaciones o certificados requeridos.

Por último, el PP propone elaborar un informe anual del estado de la vivienda a cargo del departamento de Isabel Rodríguez sobre los permisos y licencias de construcción por comunidades autónomas y municipios, que recoja los indicadores de tiempo, coste y número de procedimientos, de forma que se identifiquen las buenas prácticas y áreas de mejora.

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